El Gobierno Vasco concedió en su edición de 2012 su Premio René Cassin de Derechos Humanos a la asociación Bakeaz para reconocer «la relevancia de su trabajo intelectual y de investigación en el desarrollo de los derechos humanos, especialmente en Euskadi, teniendo en cuenta la cruel incidencia que ha tenido la violencia terrorista». La finalidad de este galardón es destacar públicamente a aquellas personas o colectivos que con su trayectoria personal o profesional dan testimonio de su compromiso en la promoción, defensa y divulgación de los Derechos Humanos. El premio consiste en una distinción honorífica, un reconocimiento público y 12.000 euros.
En el comunicado de concesión del premio, el departamento de Interior, Justicia y Administración Pública del Gobierno Vasco, destacaba que, desde sus comienzos, Bakeaz ha intentado proporcionar criterios para la reflexión y la acción cívica sobre cuestiones relativas a la militarización de las relaciones internacionales, la economía sostenible, las políticas hidrológicas y de gestión del agua, las políticas de cooperación, los procesos migratorios, la participación ciudadana, la teoría general de los movimientos sociales, o la educación para la paz y los derechos humanos. «La labor de esta organización es fundamentalmente reflexiva y propositiva, e intenta contribuir con su análisis a favorecer la acción de un amplio abanico de organizaciones sociales y sindicales», destacaban desde el Gobierno Vasco.
La designación de Bakeaz se hizo pública en noviembre de 2012 y la entrega del premio por parte del entonces lehendakari en funciones, Patxi López, tuvo lugar un mes después, a comienzos de diciembre. En ese momento, la asociación Bakeaz se encontraba ya en una situación financiera insostenible. En diciembre de 2011, Bakeaz había despedido a toda su plantilla, seis trabajadores, y sólo mantenía contratado por la organización a su director, Josu Ugarte. Los trabajadores llevaban cinco meses sin cobrar ningún sueldo y se les despidió sin recibir ningún finiquito. Unos pocos meses después de este despido masivo, y pasando por alto la dramática situación laboral en que se encontraba la organización, el político y escritor Kepa Aulestia Urrutia, la escritora Luisa Etxenike Urbistondo, el abogado José María Ruiz Soroa y el historiador y escritor Pablo García de Vicuña Peñafiel presentaron la candidatura de Bakeaz al Premio René Cassin del Gobierno Vasco.
Tras el despido en bloque de toda la plantilla, la dirección y la Junta Directiva de Bakeaz plantearon que la única manera de que la asociación pudiera pagar sus deudas era manteniendo la actividad a toda costa. Así, durante el año 2012 y el primer trimestre de 2013, buena parte de la plantilla despedida continuó trabajando para Bakeaz. Eso sí, a partir de entonces como autónomos, para ahorrar costes a la organización y con la consiguiente pérdida de derechos laborales. Con todo, el nuevo plan resultó un fracaso hasta el punto de que estos trabajadores volvieron a acumular más deudas y quedarse sin poder cobrar por las tareas subcontratadas entre una y tres mensualidades. Dos años y dos meses después de su despido, el pasado mes de febrero, los seis trabajadores de Bakeaz han cobrado del Fondo de Garantía Salarial (FOGASA) una parte de la deuda que mantienen con Bakeaz.
Para este grupo de extrabajadores de Bakeaz, con los que ha conversado Mar de Fueguitos, el impacto de su despido en diciembre de 2011 “podría haberse reducido con una mejor gestión de la Junta Directiva. Ante lo que se mostraba como una catástrofe evidente, la Junta postergó la toma de decisiones hasta que ya fue demasiado tarde. A pesar de las solicitudes de la plantilla, que reiteradamente colaboró aportando ideas para mitigar los efectos de la crisis e insistió en la urgencia de adoptar medidas, la Junta Directiva siempre nos dio la espalda”.
En opinión de estos extrabajadores, “la forma de actuar de Bakeaz no tuvo nada que ver con los principios que supuestamente defiende y proclama, en ningún momento fomentó la participación de sus trabajadores para resolver la crítica situación económica ni veló por sus derechos laborales. A nuestro juicio, si Bakeaz hubiera sido de verdad una organización consecuente no debería haber recogido un premio como el René Cassin de Derechos Humanos, precisamente en un año en el que no había garantizado los derechos de sus trabajadores”.
Por su parte, el director, Josu Ugarte, declaró tras recoger el galardón René Cassin 2012 que este premio suponía un «reconocimiento» a la labor de Bakeaz en materia de derechos humanos durante los últimos 20 años. Ugarte explicó que, desde su fundación en 1992, Bakeaz se había preocupado por problemas “propios de las sociedades modernas” como el racismo, el medio ambiente, las desigualdades norte-sur y el hambre, pero también habían abordado la violencia terrorista en Euskadi, «que ha afectado gravemente a las personas», así como a la política y la economía. El director de Bakeaz en ningún momento comentó la crítica situación que atravesaba su organización ni el trato que estaban recibiendo sus extrabajadores.
El pasado 8 de noviembre de 2013, la Asamblea General de Bakeaz inició el procedimiento de liquidación de la asociación “porque las deudas y los riesgos asumidos ya no eran ni son soportables”. Como ya desveló hace unos días Mar de Fueguitos, varios integrantes y colaboradores de la asociación han lanzado a mediados de febrero, y “por iniciativa propia”, una campaña para saldar “una de las deudas contraídas por esta organización”. En concreto, se trata de “un préstamo avalado personalmente por el fundador y director de Bakeaz estos años, Josu Ugarte, por un importe cercano a los 35.000 euros, cuya no cancelación supondría la pérdida de su vivienda”.
Bakeaz es una organización no gubernamental dedicada a la investigación fundada por personas vinculadas a la universidad y al ámbito del pacifismo, los derechos humanos y el medio ambiente. El jurado que le concedió el Premio René Cassin estaba integrado por la consejera de Interior, Justicia y Administración Pública del Gobierno Vasco, Idoia Mendia, la viceconsejera de Justicia, María Victoria Cinto, la directora de Derechos Humanos, Inés Ibáñez de Maeztu, Mª Concepción Escobar, José Ángel Cuerda, Silvia Escobar, Edmundo Rodríguez, María Ojanguren y Gorka Landaburu.
La candidatura de Bakeaz se impuso a otros cuatro candidatos. También optaban al premio el médico argentino Morris Tidball-Binz, por iniciativa del titular de Medicina Legal y Forense de la UPV/EHU, Francisco Etxeberria Gabilondo; la filósofa turca Ioanna Kuçuradi, propuesta por doctora en Historia por la UPV/EHU y docente retirada en la Universidad de Ankara, Carmen Uriarte Martínez; Ofer Bronchtein y Anis El Qaq, copresidentes del Foro por la Paz y la Reconciliación de Oriente Medio, presentados por Músicos Solidarios Sin Fronteras; y el presidente de la asociación Bultzain, Saturnino García Cuevas, una propuesta de la Asociación Alavesa de Trabajo Social.
La denominación del premio recuerda a René Cassin, nacido en Baiona el 5 de octubre de 1887, principal inspirador de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en 1948, y persona que jugó un papel esencial en la elaboración del Convenio Europeo de Derechos Humanos de 1950. Galardonado con el premio Nobel de la Paz en 1968 por su «combate infatigable» a favor de los Derechos Humanos, consagró el premio a la creación del Instituto Internacional de Derechos Humanos de Estrasburgo.
Gorka Andraka.
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Publicado por manuelaresti | 13 abril, 2014, 3:30 pm