ENTREVISTAS

“Las dinámicas de acogida y desobediencia civil son el único modo de enfrentarse a la Europa fortaleza”

“La reapertura de la investigación de Tarajal es una buena noticia, no garantiza que lleguemos a juicio pero es un paso importante, el primer paso para que se haga justicia, una justicia para las víctimas que solo llegará cuando se den las claves de verdad, reparación y responsabilidad. Si no sabemos lo qué pasó, difícilmente vamos a poder exigir responsabilidades y reparación. Y la investigación es eso, seguir ahondando en qué pasó, por qué pasó y quiénes son sus responsables”, afirma la abogada Patricia Fernández, integrante de la Coordinadora de Barrios para el Seguimiento de Menores y Jóvenes. Está organización, junto con CEAR y DESC, interpusó un recurso de apelación contra el auto dictado por la juez María del Carmen Serván que, en octubre de 2015, levantó la imputación sobre 16 guardias civiles a los que exculpó de los delitos de homicidio y lesiones imprudentes. Sin embargo, hace unas semanas, la Audiencia Provincial de Cádiz ha ordenado la reapertura del caso porque “es claro que la investigación no ha alcanzado por diversos motivos los grados de suficiencia y eficacia que serían exigibles”.

“El 6 de febrero de 2014 la Guardia Civil encontró tres cuerpos junto al espigón de Tarajal, en lo que ahora es la fosa común del Mediterráneo, y dió orden de no rescatarlos. Esos cuerpos llegaron después a la playa comidos, sin rostro. Vivimos en un país que no es capaz de sacar a sus muertos de las fosas. Entonces, tenemos pocas esperanzas de que realmente se cambie en este aspecto. No tenemos tradición democrática de reparación de las víctimas y por lo tanto creemos que tienen que ser los propios familiares los que reivindiquen ese derecho. En este sentido, no esperamos nada del Estado español”, explica Patricia Fernández, de la Coordinadora de Barrios, en relación a la reapertura de las investigaciones sobre Tarajal. “Sólo la ciudadanía salvará los valores ciudadanos que tenemos. Si somos conscientes de que cada vez que cae uno de los nuestros en la frontera lo vivimos efectívamente como uno de los nuestros, si somos conscientes de que es la propia sociedad la que se traiciona a si misma y se despeña por la barbarie de la insolidaridad, entonces seremos capaces de restaurar ese camino y crear alternativas, de generar dinámicas de acogida y desobediencia civil que, hoy por hoy, creo que son la única manera de enfrentarse a esta Europa fortaleza”, añade la abogada.

Sobre la actuación del Gobierno español, para Patricia Fernández, de la Coordinadora de Barrios, “a lo largo de todo el procedimiento, el compromiso del Ministerio de Interior con la verdad ha sido muy cicatero, ha sido muy difícil investigar estos hechos. Se encomendó por parte del Juzgado la investigación a la propia Guardia Civil con lo que se dió la circustancia de que la Guardia Civil tenía la condición de investigadora e investigada y eso es muy complicado de gestionar. No entendemos que haya una persona instruyendo un atestado policial contra alguien que pueda ser su superior jerárquico”. Una desidia institucional que también ha afectado a los familiares de las 15 personas que murieron en Tarajal. “El Gobierno español no ha ayudado absolútamente en nada a las familias y ha obstaculizado bastante cualquier trabajo de dignificación y reparación”, afirma la abogada de la Coordinadora de Barrios. “Los cuerpos de 5 personas yacen en España, solo ha sido identificado uno y su hermano pidió visado, junto con otro grupo de familiares más numeroso, para venir aquí a enterrar y velar a su hermano según sus costumbres y ese permiso le fue denegado. Por lo tanto, el compromiso del Gobierno español ha sido igual a cero. Seguimos sin identificar a 4 de los cuerpos que están en territorio español, nadie se ha puesto en contacto con los familiares de las víctimas para comunicarles la defunción, para tomarles muestras de ADN, para expedir certificados de defunción y facilitarles la vida, y mucho menos para reparar el daño. Por lo tanto, el Gobierno español no solo no ha favorecido lo que está considerado como un derecho humano básico, el de enterrar a tus muertos, el de llorar a tus hijos, sino que además lo ha obstaculizado gravemente”.

Por último, Patricia Fernández, abogada de la Coordinadora de Barrios, advierte de que “como ciudadanía tenemos que tener cuidado con dónde ponemos los ojos. Ahora los estamos poniendo en el muro de Trump, el año pasado los poníamos en la Frontera Este de Europa… pero no tenemos que olvidarnos de que nada de lo que está pasando en esos lugares no pasó ya antes, y sigue pasando, en las fronteras de Ceuta y Melilla. Por lo tanto, ojo, porque podemos estar denunciando las políticas de Trump y estar practicando esas mismas políticas en nuestra Frontera Sur”.

Además de escuchar a Patricia Fernández, abogada de la Coordinadora de Barrios, en esta misma entrevista en Mar de Fueguitos podéis escuchar también a Dani Gutiérrez, integrante de la Plataforma Ongi Etorri Errefuxiatuak Bizkaia, y a Reduan, activista por los derechos humanos y la inmigración en Ceuta.

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