El martes regresa Mar de Fueguitos con el tiempo de Ayotzinapa y sus 43 desaparecidos

Tres años después del violento ataque contra los estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, el gobierno de México aún no ha proporcionado un relato concluyente de lo que sucedió con los 43 desaparecidos ni ha identificado y condenado a los responsables de este crimen. En el primer Mar de Fueguitos de esta temporada, el martes, a las 6 de la tarde, analizaremos todo lo sucedido en Ayotzinapa y conoceremos cuáles son hoy las demandas de los familiares de los desaparecidos. Para ello contaremos con un invitado muy especial, el médico y sicólogo Carlos Martín Beristain, autor del libro «El tiempo de Ayotzinapa». Veterano investigador de las violaciones de derechos humanos, Carlos es integrante del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), grupo creado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el 2014 para brindar asistencia técnica al gobierno mexicano con la investigación del caso Ayotzinapa.

Este nuevo curso, la lata pirata de Mar de Fueguitos continuará agitando las ondas desde 97 Irratia, en Bilbao, y sus travesías y travesuras sonarán también en otras 21 radios libres y comunitarias: Hala Bedi Irratia, de Vitoria-Gasteiz, Eguzki Irratia, de Iruña, Txapa Irratia, de Bergara, Cuac FM, de A Coruña, Radio Filispim, de Ferrol, Radio Pra, de Nava, Radio Kras, de Xixón, Radio RSK y Radio Pica, de Barcelona, Artegalia Radio y Radio Mutant, de Alicante, Radio Malva y Radio Klara, de Valencia, Radio Almenara y Radio Ela, de Madrid, Radiopolis, de Sevilla, Écija Radio, de Écija, ReDPública Radio, de Utrera, Radio Almaina, de Granada, Radio Oasis, de Salamanca, y Radio Libre, de Mérida, Venezuela.

La noche del 26 de septiembre de 2014 tuvo lugar uno de los más terribles episodios de violación a los derechos humanos en la historia reciente de México. Un grupo de estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, de entre 17 y 25 años, acudió a la ciudad de Iguala, en el estado de Guerrero, con la finalidad de “tomar” varios autobuses para participar en la conmemoración del 2 de octubre, que cada año mantiene viva la memoria de la represión contra estudiantes acaecida en 1968. Aunque la retención y el uso temporal de autobuses por los estudiantes para realizar sus actividades había sido habitual y contaba incluso con el aval tácito de empresas y autoridades, el 26 de septiembre la respuesta de las autoridades no fue la ordinaria: Policías Municipales de Iguala abrieron fuego contra los estudiantes para impedir que salieran de la ciudad con los autobuses. De esta manera, auxiliados por otras corporaciones y por civiles, los policías lograron cerrar el paso a cinco autobuses -tres que transitaban por una calle céntrica y dos que lo hacían por una calle periférica-. En esos dos escenarios fueron detenidos 43 estudiantes que habrían de ser desaparecidos. Más tarde esa misma noche, continuaron las agresiones contra los estudiantes y contra la población en general, ya no sólo por parte de agentes estatales sino también por civiles que, como después se demostró, eran parte de la estructura de una organización criminal fuertemente imbricada con las instancias estatales presentes en esa zona de Guerrero, denominada Guerreros Unidos.

El saldo de la cruenta noche de Iguala fue brutal: 43 jóvenes estudiantes siguen desaparecidos, 6 personas fueron ejecutadas, entre ellas 3 normalistas, incluyendo el caso de un joven cuyo cuerpo apareció al día siguiente en un paraje inhabitado con claras muestras de tortura, al menos 40 personas fueron lesionadas, contando a dos estudiantes que resultaron con afectaciones graves y permanentes a su salud. En total, más de 180 personas fueron víctimas directas de violaciones a derechos humanos esa noche y alrededor de 700 personas resultaron víctimas indirectas, considerando a los familiares de los agraviados.

“Es injustificable que el gobierno mexicano no proporcione respuestas a las familias sobre el paradero de sus seres queridos desaparecidos”, ha dicho Maureen Meyer, Coordinadora Principal del Programa de México en la organización de derechos humanos WOLA. “La falta de progreso en un caso que el gobierno mexicano ha calificado como ‘la investigación más exhaustiva en la historia de México’, junto con la creciente evidencia de que funcionarios públicos obstruyeron la justicia y obstaculizaron la investigación, ha llegado a demostrar la impunidad generalizada en el problemático sistema de justicia penal en México y la falta de voluntad política del gobierno para investigar y sancionar con credibilidad violaciones de los derechos humanos”.

Mientras que la teoría principal del gobierno mexicano es que un grupo de la delincuencia organizada mató y quemó a los 43 estudiantes en un basurero, los expertos independientes han encontrado lo contrario. Entre ellos el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que en su informe final, publicado en abril del 2016, describió las inconsistencias y negligencias que marcaron la investigación de la Procuraduría General de la República (PGR). Su informe concluyó que la hipótesis del gobierno sobre lo que le sucedió a los estudiantes era científicamente imposible y se basa en gran parte en testimonios obtenidos mediante tortura. Además, el informe describe varias líneas importantes de investigación que deben aclararse en el caso de Ayotzinapa, incluyendo la posibilidad de que los estudiantes fueran atacados porque viajaban, sin saberlo, en un autobús que contenía heroína con destino a los Estados Unidos.

En su informe final, el Grupo de Expertos emitió recomendaciones específicas sobre cómo el gobierno mexicano puede mejorar su enfoque de las investigaciones criminales (incluyendo alejarse de la dependencia excesiva del uso de testimonios como evidencia). También enfatizaron la necesidad del gobierno mexicano de adoptar un marco jurídico más adecuado para responder a las desapariciones generalizadas en el país. El mes pasado, la CIDH expresó su profunda preocupación por la falta de progreso del gobierno mexicano en la emisión de esa ley, así como por su incapacidad para explorar de manera completa y creíble las otras líneas de investigación identificadas por el Grupo de Expertos en el caso de Ayotzinapa.

“Más de 32.000 personas han desaparecido en México en la última década”, ha dicho Meyer. “Si el gobierno mexicano está arrastrando los pies para que se haga justicia en el caso de los estudiantes de Ayotzinapa con todo el mundo viendo, es desgarrador pensar en cuántos más de los desaparecidos enfrentan un destino similar. Ninguna familia debe tener que afrontar otro año sin saber qué pasó con su ser querido. El gobierno mexicano no sólo debe investigar el caso de los 43 estudiantes, sino también garantizar la justicia para todas las víctimas desaparecidas y sus familias”.