«Los Estados silencian las voces de las mujeres defensoras para beneficiar y proteger intereses privados»

Más de 35.000 agresiones contra defensoras de derechos humanos y más de 200 defensoras asesinadas en Mesoamérica entre los años 2012-2023. Y el 45% de estos ataques son perpetrados por autoridades del Estado. «Los Estados no actúan solo porque se vean amenazados o exhibidos en las violaciones de derechos que cometen, sino que en muchos de los casos lo hacen para proteger los intereses y las violencias que cometen actores privados, empresas extractivas, grupos del crimen organizado e incluso grupos o jerarquías religiosas. Es decir, son las fuerzas del Estado, las políticas del Estado, actuando para beneficiar y proteger intereses privados quienes silencian las voces de las mujeres», denuncia la defensora mexicana Marusia López Cruz, integrante de la Iniciativa mesoamericana de mujeres defensoras de derechos humanos. Esta iniciativa, nacida en 2010 y que articula a casi 3.000 defensoras y 300 organizaciones de Mesoamérica, acaba de publicar el informe «Datos que duelen, redes que nos salvan». En esta investigación han registrado las agresiones contra defensoras de derechos humanos entre los años 2012 y 2023. «Una conclusión muy importante de nuestro informe es que los Estados no actúan solos, ni actúan porque sean débiles o incapaces. Actúan porque se usan las instituciones y los recursos públicos para encubrir, proteger y salvaguardar los intereses de actores privados. Actores que actúan en la sombra y que muchas veces son difíciles de reconocer. En un 20% de las agresiones no sabemos quién está detrás y eso tiene que ver con los altísimos niveles de impunidad que hay en nuestra región. Además, los sistemas de justicia actúan de una manera muy curiosa. Son muy diligentes para criminalizar, encarcelar, abrir una orden de aprehensión contra una defensora pero parece que el Estado no funciona cuando se trata de investigar quiénes están detrás de las agresiones que se cometen contra las defensoras o de sancionar a los funcionarios que nosotras mismas denunciamos», añade Marusia López Cruz.