«No queremos más sangre para hacer entender al Estado mexicano y al gobernador del Estado de Chiapas que la situación de violencia se ha incrementado, tanto en las disputas de territorio, los desplazamientos y desapariciones forzadas, como en las torturas y detenciones arbitrarias», explica la defensora de derechos humanos chiapaneca Ana Ávila, integrante del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba). «Actualmente, en Chiapas se vive una guerra civil, como bien mencionaron los compas zapatistas, quienes ya avisaron de que esto se veía venir. Sin embargo, parece que el sistema de gobierno de Andrés Manuel López Obrador ingnoraba que sucediera esta situación de violencia generalizada. Y lo hemos podido ver claramente en el asesinato del padre Marcelo Pérez Pérez, el pasado 20 de octubre. La violencia nos ha llegado al extremo de desaparecer a quienes defienden la tierra, el territorio, a quienes luchan por la vida y la defensa de los derechos humanos- Y hay que reconocer también que el padre Marcelo no solo vivió atosigado por los actores armados sino también por la omisión del Estado mexicano, que no le otorgó las medidas cautelares ante las amenazas y hostigamientos que recibía desde 2021», añade la integrante del Frayba.
«En una de nuestras asambleas hacíamos un análisis de qué estaba pasando con nuestra cultura y decíamos que lo más probable es que en la próxima generación se acabe nuestra cultura, sobre todo la lengua. Y esto es muy preocupante», denuncia la defensora del territorio rarámuri y de los derechos de las mujeres indígenas Norma Alicia Palma Aguirre, concejala del Concejo Indígena de Gobierno del Congreso Nacional Indígena (CNI). «Todos los programas que nos ha mandado el gobierno mexicano vienen con esa estrategia de acabarnos de raiz», añade la integrante del CNI, originaria de la sierra tarahumara de Chihuahua, en el noroeste de México.
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