«Los crímenes se siguen cometiendo, ya no son masacres de forma colectiva sino asesinatos de forma selectiva», denuncia el campesino colombiano Enrique Cabezas. «A los campesinos que reclamamos el derecho a la tierra simplemente se nos asesina, cuando vamos ante las autoridades colombianas a exigir nuestros derechos se nos pone una cruz en la frente y disparan», añade. Desde su perspectiva de campesino y líder comunitario, muestra su preocupación por el discurrir de los Diálogos de Paz ya que, en su opinión, «por una parte el Gobierno negocia con las FARC y dice que va a entregar las tierras a los campesinos y, por otro lado, llama a la inversión extranjera en Colombia para que vaya a asentarse sobre esas mismas tierras de los campesinos».
Enrique Cabezas Martínez es un campesino afrodescendiente que proviene de la cuenca del río Curvaradó, en el norte del Chocó, Colombia. Nació y creció allí, acompañado de su comunidad, en un ambiente rico en flora y fauna, donde respiraban tranquilidad, confianza y libertad por la estrecha relación con su territorio y las personas que lo habitaban. Enrique Cabezas es un líder comunitario en la lucha que ha emprendido su pueblo por la resitución de sus tierras en Curvaradó y asímismo es integrante de CONPAZ (Comunidades Construyendo Paz en los Territorios), organización que agrupa a más de 110 comunidades rurales.
En el año 1996, producto de la operación Septiembre Negro realizada conjuntamente entre el ejército colombiano y grupos paramilitares, fue desplazado forzadamente junto a varias familias de su territorio después de sufrir graves violaciones a sus derechos. Después de dicha operación Enrique y su familia tuvieron que ingeniarse formas desconocidas para sobrevivir hasta que en 2005 decidieron regresar a su territorio para participar en el proceso de resistencia y lucha por recuperar sus tierras iniciado por las comunidades. Para entonces, el empresario Antonio Lopera se había apropiado de los terrenos de la familia de Enrique Cabezas y había emprendido agresiones en su contra cortando alambres, destruyendo cultivos, acciones que posteriormente se agudizaron a través de los mismos mecanismos de persecución empleados contra otros líderes de las comunidades.
De acuerdo con la información recopilada por la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, hasta la fecha se han registrado 143 asesinatos y desapariciones en esa cuenca del río Curvaradó, de los cuales 136 son responsabilidad de militares-paramilitares y 7 responsabilidad de la guerrilla de las FARC.
Hasta la fecha, Enrique Cabezas ha sufrido varios intentos de homicidio y recibido mensajes de texto e innumerables llamadas con amenazas contra su vida, seguimientos en sus recorridos terrestres y aéreos, incluso visitando embajadas y sedes institucionales, sin que hasta ahora haya resultados de la investigación que está llevando a cabo la Fiscalía colombiana. Algunas de estas acciones han incluido el ingreso violento de personas armadas hasta su lugar de vivienda en Apartadocito donde han saqueado pertenencias y han dejado mensajes de muerte al no haberle encontrado, la vigilancia e intento de ingreso a una casa en Bogotá donde se refugiaba después de haber salido desplazado forzadamente por los hechos ocurridos en sus viviendas y además de esto las falsas acusaciones que se han levantado en su contra por parte de la brigada 17. Los militares acusan a Enrique Cabezas de ser parte de la guerrilla después de que él y otros líderes comunitarios manifestaran su rechazo a la instalación de la base militar de Llano Rico en tierras que fueron apropiadas de mala fe por el empresario Darío Montoya.
Hoy en día, Enrique Cabezas ha tenido que desplazarse una vez más, como en 1996, de su territorio para proteger su vida y la de su familia y ha sido obligado a exiliarse en Europa como único mecanismo para sobrevivir y seguir exigiendo sus derechos. En la actualidad, vive refugiado en Madrid gracias al apoyo de Amnistia Internacional.
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