«Si hay una cosa quebrada en México es la confianza con las víctimas de violaciones de derechos humanos»

«La desaparición forzada, a diferencia de otros casos de violaciones de derechos humanos, es una herida permanentemente abierta, que sólo se puede cerrar cuando haya investigación, justicia, verdad, esclarecimiento y se sepa el destino de las personas desaparecidas», señala el médico y sicólogo Carlos Martín Beristain, integrante del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), grupo creado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el 2014 para brindar asistencia técnica al gobierno mexicano con la investigación de la desparición de 43 estudiantes en Ayotzinapa. «Aunque haya gente que quiera dejar que la patina del tiempo empolve lo sucedido en Ayotzinapa, en realidad este caso no se va a poder cerrar hasta que tenga una resolución efectiva. Nosotros llegamos hasta donde pudimos. Llegamos a aclarar qué es lo que no pasó, qué es lo que sí pasó, al menos hasta un punto… De ahí en adelante no sabemos, podemos opinar pero no tenemos la certeza. En los casos de desaparición forzada no sólo no se sabe porque es complicado saber sino que no se sabe porque hay estrategias para ocultar que se pueda saber. Esto diferencia la desaparición forzada de cualquier otro tipo de violación de derechos humanos. Entonces, nosotros tratamos de ir quitando capas de esta cebolla para llegar al punto en que se necesita una respuesta a las preguntas centrales. Y esto es lo que al final de nuestro trabajo se vio limitado y no pudimos seguir. Y por eso desde el GIEI señalamos unas líneas de investigación pendientes, para que se pudiera continuar con ese trabajo en adelante. Y lo hicimos público porque en la medida que se pueda dejar ese legado como elementos que se conozcan va a haber gente, periodistas, fiscales, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)… que pueden tomar esas líneas para hacer una evaluación de cómo avanzan las investigaciones y su cumplimiento», añade Carlos Martín Beristain.

«Lo que pasó en Ayotzinapa está considerado por la Procuraduría General de la República (PGR) de México como un caso de secuestro agravado, no como una caso de desaparición forzada y eso invisibiliza la responsabilidad de los agentes del Estado que fueron quienes objetivamente detuvieron, dispararon y se llevaron a los jóvenes estudiantes», explica Carlos Martín Beristáin, autor de «El tiempo de Ayotzinapa», libro en el que desgrana las investigaciones y trabajo realizado por el GIEI.

Tres años después del violento ataque contra los estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, el gobierno de México aún no ha proporcionado un relato concluyente de lo que sucedió con los 43 desaparecidos ni ha identificado y condenado a los responsables de este crimen. La noche del 26 de septiembre de 2014 tuvo lugar uno de los más terribles episodios de violación a los derechos humanos en la historia reciente de México. Un grupo de estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, de entre 17 y 25 años, acudió a la ciudad de Iguala, en el estado de Guerrero, con la finalidad de “tomar” varios autobuses para participar en la conmemoración del 2 de octubre, que cada año mantiene viva la memoria de la represión contra estudiantes acaecida en 1968. Aunque la retención y el uso temporal de autobuses por los estudiantes para realizar sus actividades había sido habitual y contaba incluso con el aval tácito de empresas y autoridades, el 26 de septiembre la respuesta de las autoridades no fue la ordinaria: Policías Municipales de Iguala abrieron fuego contra los estudiantes para impedir que salieran de la ciudad con los autobuses. De esta manera, auxiliados por otras corporaciones y por civiles, los policías lograron cerrar el paso a cinco autobuses -tres que transitaban por una calle céntrica y dos que lo hacían por una calle periférica-. En esos dos escenarios fueron detenidos 43 estudiantes que habrían de ser desaparecidos. Más tarde esa misma noche, continuaron las agresiones contra los estudiantes y contra la población en general, ya no sólo por parte de agentes estatales sino también por civiles que, como después se demostró, eran parte de la estructura de una organización criminal fuertemente imbricada con las instancias estatales presentes en esa zona de Guerrero, denominada Guerreros Unidos.

El saldo de la cruenta noche de Iguala fue brutal: 43 jóvenes estudiantes siguen desaparecidos, 6 personas fueron ejecutadas, entre ellas 3 normalistas, incluyendo el caso de un joven cuyo cuerpo apareció al día siguiente en un paraje inhabitado con claras muestras de tortura, al menos 40 personas fueron lesionadas, contando a dos estudiantes que resultaron con afectaciones graves y permanentes a su salud. En total, más de 180 personas fueron víctimas directas de violaciones a derechos humanos esa noche y alrededor de 700 personas resultaron víctimas indirectas, considerando a los familiares de los agraviados.

Mientras que la teoría principal del gobierno mexicano es que un grupo de la delincuencia organizada mató y quemó a los 43 estudiantes en un basurero, los expertos independientes han demostrado lo contrario. Entre ellos el GIEI que en su informe final, publicado en abril del 2016, describió las inconsistencias y negligencias que marcaron la investigación de la PGR. Su informe concluyó que la hipótesis del gobierno sobre lo que le sucedió a los estudiantes era científicamente imposible y se basa en gran parte en testimonios obtenidos mediante tortura. Además, el informe describe varias líneas importantes de investigación que deben aclararse en el caso de Ayotzinapa, incluyendo la posibilidad de que los estudiantes fueran atacados porque viajaban, sin saberlo, en un autobús que contenía heroína con destino a los Estados Unidos.

En su informe final, el Grupo de Expertos emitió recomendaciones específicas sobre cómo el gobierno mexicano puede mejorar su enfoque de las investigaciones criminales (incluyendo alejarse de la dependencia excesiva del uso de testimonios como evidencia). También enfatizaron la necesidad del gobierno mexicano de adoptar un marco jurídico más adecuado para responder a las desapariciones generalizadas en el país. El mes pasado, la CIDH expresó su profunda preocupación por la falta de progreso del gobierno mexicano en la emisión de esa ley, así como por su incapacidad para explorar de manera completa y creíble las otras líneas de investigación identificadas por el Grupo de Expertos en el caso de Ayotzinapa.