ENTREVISTAS

«En Colombia hoy están siendo asesinadas las personas que defienden los acuerdos de paz»

«Hay una preocupación bastante grande en Colombia porque ya llevamos más de 600 líderes sociales asesinados, personas que luchan en defensa de los derechos humanos y de los territorios», denuncia María Raquel Trujillo Mestizo (Florida, 1988), indígena del pueblo nasa, del valle del Cauca, gobernadora del resguardo Triunfo Cristal Páez desde 2016 hasta mediados del año pasado. «En mi caso, nosotros estamos luchando muy fuerte en contra de los grupos armados ilegales que se están creando porque es una tristeza muy grande que el gobierno no haya cumplido con el proceso de paz. Un proceso de paz donde todos teníamos la esperanza de que el conflicto armado se terminara en Colombia pero en realidad no ha sido así. Para nosotros, como pueblo indígena, fue una distracción para saquear los territorios porque la gente, por ejemplo en el caso de las FARC, que creyeron en el proceso de paz, a muchos los están asesinando, desapareciendo, judicializando… Muchos tuvieron que irse de donde estaban asentados, creyendo en el proceso de paz, y el gobierno no cumplió y esto ha hecho que muchos tengan que huir, para salvar su vida, o integrarse en otros grupos armados», añade la defensora de derechos humanos.

María Raquel Trujillo Mestizo y Verónica López Estrada (Medellín, 1992) viven desde hace más de cuatro meses en Euskadi acogidas en el marco del Programa de Protección Temporal a Defensores de Derechos Humanos del Gobierno Vasco por las amenazas de muerte que han sufrido en Colombia. Dentro de un par de semanas, ambas regresarán a su país. «En nuestro caso, estamos defendiendo nuestro territorio para que ningún grupo armado llegue a establecer zozobra o conflicto. Estamos luchando en contra del narcotráfico. No queremos que en nuestro territorio se siembre ninguna clase de cultivo ilícito ni que se convierta en un corredor del narcotráfico. Estamos luchando en contra de doce concesiones mineras y del megaproyecto de la conexión Pacífico-Orinoquia, que va a realizar un tunel por debajo de nuestros páramos causándoles un daño ambiental, político y cultural irreparable. Estamos en un proceso de lucha muy fuerte, nos hemos enfrentado porque como pueblos indígenas defendemos y cuidamos nuestro territorio. Para nosotros la tierra significa más que un pedazo de tierra, es mucho más espiritual. Y esto ha hecho que nos amenacen porque tanto para el gobierno como para los grupos armados, los líderes que nos enfrentamos día a día en defensa de nuestra gente, comunidades y territorios, somos la piedrita en el zapato», señala María Raquel Trujillo Mestizo.

«En Medellín hay una alta concentración de actores armados. Solamente en la ciudad hay más de 300 grupos armados diferentes acogidos en dos grandes estructuras paramilitares. En mi caso, fui declarada objetivo militar por las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, el grupo paramilitar más grande que hay en todo el país», explica Verónica López Estrada, integrante del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos y del Congreso de los Pueblos. «Nosotras, en nuestra función de liderazgo y lucha por los derechos humanos, como bien decía María Raquel, nos convertimos en personas incómodas, que están permanentemente denunciando agresiones, vulneraciones. Y, en mi caso, directamente relacionado con mi trabajo en defensa de los presos y presas políticos en Colombia tuve problemas con al estructura paramilitar y además en estos momentos me encuentro en proceso de judicialización por parte del Estado colombiano», añade la defensora de derechos humanos.

La Oficina de Derechos Humanos de la ONU alertó en mayo sobre un fuerte aumento del número de líderes sociales asesinados en Colombia, se han registrado 51 casos sólo en los primeros cuatro meses de este año, y teme que la situación empeore para las elecciones municipales de octubre próximo. Este organismo, que hace un seguimiento de la situación en Colombia a través de su oficina en el país, comparó el número de víctimas desde inicios de año con las 115 registradas en todo 2018, cuando ya se hizo evidente el agravamiento de la situación. Desde 2015, cuando 41 líderes sociales y defensores de los derechos humanos fueron asesinados, el riesgo que afrontan no hace más que aumentar. «Las personas que están defendiendo la implementación de los acuerdos de paz son quienes están hoy siendo asesinadas», denuncia Verónica López Estrada. «Más del 80% de los líderes sociales asesinados en los últimos tres años lo han sido en contextos rurales que están ligados directamente a luchas en defensa del territorio y a procesos de restitución de tierras y de retorno de los más de siete millones de desplazados que hay en el país producto del conflicto armado. Pero también quienes están liderando procesos de sustitución de cultivos de uso ilícito, que es uno de los puntos centrales del acuerdo de paz con las FARC. Todas las personas que desde las zonas rurales están luchando por la implementación de los acuerdos son quienes están siendo perseguidos porque además, de alguna manera, las FARC se habían convertido en un freno a las multinacionales y a los megaproyectos porque en muchas zonas del país donde estaban asentadas, en las que ellas eran practicamente el Estado, no había posibilidad de que entraran todas estas empresas, nacionales y extranjeras, a explotar los territorios. Y ahora que las FARC han dejado las armas son las comunidades y sus líderes quienes se convierten en protectores del territorio y en incómodos tanto para el gobierno como para las empresas privadas que son finalmente quienes financian a los grupos paramilitares. Producto del acuerdo de paz con las FARC, que lleva poco más de dos años y medio implementándose, lo que hemos visto es una diversificación de los grupos armados y un crecimiento de las violencias. Ya no están las FARC pero hay muchos grupos de disidencia, unos más políticos que otros, todavía hace presencia el ELN y cada vez hay más grupos paramilitares».

Para María Raquel Trujillo Mestizo, del pueblo nasa de Colombia, «el problema que tenemos los pueblos indígenas a nivel de Latinoamérica y Colombia es que los Estados no quieren dar el reconocimiento a las comunidades indígenas, a su territorio, su cosmovisión, su cultura, porque consideran que es una amenaza para el supuesto desarrollo, para su progreso que acaba con todo, hasta con el mismo planeta».

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