«El estado salvadoreño ha impulsado toda una política para criminalizar la protesta social. En nuestra organización, por ejemplo, han capturado a varios compañeros por defender los territorios en el marco del régimen de excepción, que bajo el supuesto de atacar la delincuencia de las pandillas está persiguiendo y encarcelando a defensores y defensoras de los derechos humanos y de los territorios. Defender los territorios, defender los derechos de los indígenas y los trabajadores, implica una amenaza por parte de las instancias del Estado que reprimen a los sectores organizados», explica Ángel Flores (Intipucá, 1984), integrante del Movimiento indígena para la integración de las luchas de los pueblos ancestrales de El Salvador (MILPA). «Lamentablemente, en los últimos años se han aprobado mecanismos legales que facilitan el despojo expedito de las tierras a poblaciones campesinas e indígenas de El Salvador. Y un ejemplo es la Ley de expropiación de tierras aprobada en 2021 y que es una continuidad de las leyes que se aprobaron en el año 1881», añade Flores.
«La estructura de desigualdad en el país se ha profundizado. Y se ha incrementado el nivel de pobreza e incluso hoy existe una buena cantidad de la población salvadoreña que padece de hambre. Estamos hablando de un promedio de dos millones de salvadoreños y salvadoreñas que no logran cubrir la cantidad mínima de nutrientes debido al encarecimiento que ha tenido la canasta básica y que ha sido también parte de la política de despojo y de desmontaje de la producción indígena y campesina en El Salvador», denuncia Ángel Flores, integrante del Movimiento indígena para la integración de los pueblos ancestrales de El Salvador (MILPA).
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