«Todas las evidencias científicas que hay, a nivel internacional y estatal, muestran que el servicio privado de salud no es más eficiente ni mejor que el público. La mayoría de los informes demuestran justamente lo contrario. El servicio público de salud es más eficiente, su rendimiento es mayor en función de la cantidad de dinero invertida, comparado con los servicios privados. Pero no solo es que sea más eficiente sino que la calidad del servicio público puede ser mejor que la del privado. E incluso, más allá, hay estudios que muestran que cuando se invierte en la sanidad privada con fondos públicos el servicio público se deteriora y tiene efectos en la mortalidad prevenible, tratable. Y es que los servicios públicos de salud son mejores que los privados no solo en calidad y eficiencia sino también en términos de mortalidad tratable», explica José Cordero, médico e integrante de la plataforma Euskal Herriak Kapitalari Planto. Esta plataforma ha publicado en marzo el informe «La captura corporativa de Osakidetza. La progresiva penetración empresarial en el Servicio Público Vasco de Salud».
Desde Euskal Herriak Kapitalari Planto tienen claro que el profundo deterioro de Osakidetza es evidente y que no se trata únicamente de una percepción. La desinversión –especialmente en atención primaria y servicios de salud pública–, las listas de espera, la precarización y temporalidad laboral, especialmente en los sectores feminizados relacionados con los trabajos de cuidados de la vida, la lesión sobre el derecho a la salud, y las crecientes asimetrías de clase, raza y género en el acceso al sistemas son una realidad. El papel de las corporaciones es parte fundamental de ese diagnóstico debido a que incluye los intereses privados y la lógica de maximización de beneficios como variables clave de la ecuación.
Asistimos y sufrimos, denuncian desde esta plataforma, a un choque entre un derecho público y el interés común, por un lado, frente a la maximización de la ganancia y el interés privado por otro. La falta de inversión pública, los conciertos sociosanitarios, las subcontrataciones de servicios generales, los empleos públicos privatizados, los seguros privados y puertas giratorias son hoy ejemplo de ello.
En datos, la inversión en Osakidetza se ha estancado (los fondos disponibles por Osakidetza únicamente crecen en 7 millones, un 0,1% del total, en términos de personal, la subida para 2025 es de 24 millones, lo que supone un 0,9%), las listas de espera de primera visita para especialista crecen (de 24.179 personas en 2021 a 69.532 en 2023), la población en espera quirúrgica igual (de 18.357 en 2019 a 24.333 en 2023). En consecuencia se opta como solución por ampliar los conciertos sanitarios y sociosanitarios lo que supone derivaciones de fondos públicos a negocios privados. Presupuestariamente el volumen total destinado en 2024 a conciertos sanitarios ascendió a 249.695.724 €, lo que supone un 5,10% del gasto total del Departamento de Salud, incrementándose en un 9,1% respecto al año 2023. No obstante, informaciones periodísticas elevan esa cifra a 299,8 millones, suponiendo un aumento del 11,5% respecto al año anterior y un 6,12% del total del presupuesto. A estas cifras habría que sumarle 6,49 millones de euros en conciertos sociosanitarios.
La externalización de servicios y tareas no se limita al ámbito sociosanitario, sino que se expande también a toda una serie amplia de servicios generales como limpieza, ambulancias, restauración, seguridad, mantenimiento, electromedicina, lavandería, consultoría, servicios digitales, etc. De este modo, el poder corporativo enquistado en el sistema público de salud se amplía con empresas de todo tipo, cuya estrategia de negocio depende en mayor o menor medida de la consolidación y ampliación de la privatización progresiva de Osakidetza. Es habitual que determinadas áreas de salud como salud mental, cardiopatías, enfermedades renales, diálisis, radiología, cardiología y oncología, por ejemplo, sean ámbitos sensibles que no están estrictamente amparados por el interés general y la defensa del derecho a la salud, sino que también se sujetan a la lógica empresarial de maximización de la ganancia.
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