«La libertad sindical en El Salvador está en peligro de extinción»

«Un indicador importante de la situación de los derechos laborales es el respeto a la sindicalización. Nosotros ahora venimos de la Conferencia Internacional de la OIT en Ginebra donde se han hecho sendas denuncias de las violaciones de la libertad sindical. No puede haber mejoras en los derechos laborales si no hay libertad sindical, porque somos los sindicatos, a través de la negociación colectiva, quienes logramos mejorar las condiciones laborales. Y ahora hay ya cerca de 50 sindicatos, principalmente del Estado, que han sido descabezados, más de 500 directivos sindicales que fueron despedidos, 20 contratos colectivos que no han podido ser negociados ni registrados, en la maquila la situación es complicada, en el sector privado también… Nosotros decimos que la libertad sindical en El Salvador está en peligro de extinción y esto es un indicador de la situación política, social y económica que vive nuestro país, porque no hay la posibilidad, democráticamente, de lograr mejoras en las condiciones de vida de la clase trabajadora», explica el economista Erik Zelaya (San Salvador, 1980), secretario general de la Unión nacional para la defensa de la clase trabajadora (UNT) de El Salvador.

«Ni existe el milagro económico que se difunde ni esta política que se precia de ser la mejor del mundo, el famoso modelo Bukele. Entonces, hay mucho que cuestionar, que señalar, y es peligroso porque si la gente no sabe esto igual mucha gente, aquí y en otras partes del mundo, dice ‘Queremos un Bukele’. Y no saben lo que están diciendo cuando lo dicen porque aquí vamos hacia el inicio de una dictadura», denuncia la trabajadora social Sonia Viñerta (San Miguel, 1963), secretaria de organización y estadística de la Unión nacional para la defensa de la clase trabajadora (UNT) de El Salvador. «Nosotras estamos en desacuerdo con el régimen de excepción de Bukele porque ya traspasó el periodo que la constitución establece y porque está bien que en ocasiones se utilicen medidas punitivas para personas que cometen delitos pero el problema es que se han utilizado para encarcelar a personas que no son ni están vinculadas a las pandillas», añade.