«A pesar de todo, con los temores y todo, la gente sigue movilizándose. Seguimos alzando la voz para que paren las violaciones de sus derechos a las defensoras y defensores de los derechos humanos y para que se restablezca el orden en nuestro país. No es justo que vivamos desde el 27 de marzo de 2022 bajo un estado de excepción. En el pasado nunca se había visto y en ningún otro país se ha visto que por tantos años dure un régimen de excepción como lo estamos viviendo en El Salvador», explica la campesina y defensora de los bienes naturales Vidalina Morales, presidenta de la Asociación de Desarrollo Económico y Social (ADES) de Santa Marta. «Ha habido un desmantelamiento de las organizaciones de la sociedad civil. Muchas de ellas han tenido que salir del país porque han tenido mucho temor. Y, las que aún estamos, seguimos trabajando bajo las exigencias de la nueva ley de agentes extranjeros, lo que dificulta mucho lograr apoyo para nuestros proyectos», añade Vidalina Morales. La Ley de Agentes Extranjeros de El Salvador (Decreto No. 308) obliga a toda persona natural o jurídica que reciba financiamiento internacional a registrarse en el RAEX y le exige el pago de un impuesto del 30% sobre los fondos o donaciones recibidas desde el exterior.




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