«La minería destruye a nivel ambiental, rompe el tejido social y modifica la vida comunitaria»

«Entre el 15% del territorio de México, según las cifras más reservadas, las de la Secretaría de Economía, y hasta el 30%, según algunos investigadores, está en manos de concesiones mineras, casi una tercera parte de nuestro país», revela Maritza Rodríguez Flores, integrante de la organización civil Mujer y Medio Ambiente. «Unas cifras que aumentan si añadimos otros megaproyectos como las represas o el fracking», añade la investigadora mexicana, coautora del libro «Miradas en el territorio: cómo mujeres y hombres enfrentan la minería».

El libro “Miradas en el territorio. Cómo mujeres y hombres enfrentan la minería”, editado por la Fundación Heinrich Böll Stiftung, afirma que el hecho de que las luchas sociales no consideren las opiniones de las mujeres hace más fácil que las empresas convenzan a los varones de vender o rentar sus tierras, o simplemente que los despojen de los bienes comunales. Los lugares donde permea una comunidad patriarcal hay pocas propietarias de la tierra y las escasas mujeres con títulos de propiedad son adultas mayores, quienes obtuvieron sus derechos por viudez, por lo que no tienen capacidad de decisión cuando las empresas entran a los pueblos a negociar la instalación de sus proyectos mineros. Esa fue la realidad que las investigadoras encontraron en las tres localidades revisadas: la primera fue Carrizalillo, en Guerrero, comunidad donde opera la empresa canadiense “Gold Corp”, que desde 2005 explota la tierra para la extracción de oro con químicos venenosos como el cianuro.

En Hidalgo se estudió la región de Molango, considerada el principal yacimiento de manganeso a nivel nacional (químico utilizado para fabricar pilas, fertilizantes, fármacos y cerámica), y el segundo en América Latina. Desde 1960 ahí opera la compañía mexicana “Minera Autlán”.

En Oaxaca la organización se centró en Capulálpam de Méndez, lugar donde desde los años 30 la compañía “Minera de la Natividad y Anexas” extrajo oro y plata. También es un pueblo emblemático porque en 2007 paró actividades gracias a la movilización de la población que se inconformó porque la empresa pretendía un proyecto de minería a cielo abierto. Para Maritza Rodríguez, «el éxito de la lucha en Carrizalillo tiene que ver con las formas de organización y la propiedad de la tierra. Carrizalillo es una comunidad indígena que se rige por sus usos y costumbres, con una organización social muy sólida y además hay mucha información y eso es vital en las comunidades, tener la información para tomar mejores decisiones».

Aunque las mineras argumentan que llevan “riqueza” al generar empleo, en realidad el estudio indica que las comunidades pasan de ser agriculturas a obreras, y las empresas invierten poco en la infraestructura del lugar, además de que «la minería destruye a nivel ambiental, rompe el tejido social y modifica la vida comunitaria», según denuncia Maritza Rodríguez. En este contexto, dejar de lado a las mujeres hace más fácil el triunfo de las estrategias empresariales para dividir a las comunidades al hacer distintas ofertas a cada poblador, ofrecer empleos, fomentar “la fiebre de oro popular”, es decir contagiar a la gente con la idea de que podrá ser rica, o prometer “buenas” sumas de dinero por la compra o renta de la tierra.