«La propuesta de creación de un Centro vasco de empresas transnacionales y derechos humanos es una iniciativa popular, desde abajo, desde los movimientos sociales, desde la sociedad civil, y pretende que el Parlamento Vasco apruebe una ley que haga referencia a este Centro para al menos iniciar un control de este poder impune», señala Juan Hernández Zubizarreta, doctor en derecho internacional de la Universidad del País Vasco e integrante de la plataforma Euskal Herriak kapitalari planto!, impulsora del Centro. «No pretendemos crear otro chiringuito más sino claramente, y de manera muy transparente, construir un Centro público social que tenga forma de institución libre, fuera del poder ejecutivo y legislativo, que actue con plena independencia. Y, además, pensamos que desde el punto de vista económico, del lado del apoyo al trabajo de las empresas, a la inversión, la financiación, la competitividad, las líneas de crédito, ya hay bastante dinero y chiringuitos. En cambio, respecto a las estructuras que controlen a estas empresas y apliquen el derecho internacional de los derechos humanos de manera efectiva y clara no existe esa institución», añade Juena Hernández Zubizarreta.
«La violaciones de los derechos humanos no son hechos puntuales de alguna empresa, en un momento concreto, en algún sector», denuncia Juan Hernández Zubizarreta. «Claramente comprobamos que se trata de la mayoría de los sectores y empresas de muy diversa procedencia, también vascas. Si te desplazas a África, a América Latina, puedes comprobar que estamos hablando de empresas militares, mineras, del gas, del turismo, etc. Todos los sectores están afectados. Y sucede porque detrás de todo esto hay lo que llamamos una arquitectura jurídica, política y económica de la impunidad. Todo lo que tiene que ver con derechos de estas grandes corporaciones, desde el punto de vista jurídico, se defiende de una manera muy fuerte, con un derecho imperativo, coercitivo. Y, sin embargo, sus obligaciones se exigen de una manera muy frágil. Por ejemplo, una empresa vasca que esté ahora actuando en Colombia solo tiene que rendir cuentas a un débil poder judicial colombiano y a un gobierno colombiano que como todos sabemos es amigo y permite que las empresas transnacionales aterricen en Colombia sin ninguna dificultad».
Por otra parte, Daniel Gómez-Olivé, rersponsable de incidencia de Lafede.cat, es integrante del grupo promotor en Cataluña de un Centro similar al propuesto ahora en Euskadi. «En estos momentos, hay 3.500 empresas catalanas que trabajan a nivel internacional, con 7.000 filiales en todo el mundo. Por lo tanto, estamos hablando de un tejido industrial importante y que tiene un apoyo muy grande por parte del gobierno catalán. Cada año se destinan 90 millones de euros para ayudar a su internacionalización, pero no se destina ni un euro para garantizar que en esos 90 millones hay respeto a los derechos humanos. Entonces, hay margen de acción y creemos que una ley debería monitorizar a todo el conjunto de empresas que están teniendo el apoyo encomiable del gobierno catalán para su internacionalización», manifiesta Daniel Gómez-Olivé.
El Centro vasco de empresas transnacionales y derechos humanos es una iniciativa de la plataforma Euskal Herriak kapitalari planto! Esta plataforma está conformada por ELA, LAB, ESK, STEILAS, Ekologistak Martxan, Tradener, Komite Internazionalistak, Ras, Bizilur, Mugarik gabe, Mundubat y Paz con dignidad-OMAL.
Comentarios
Aún no hay comentarios.