«Nos han arrebatado el derecho a la vida, la libertad, a costa de vendernos una seguridad armada y un ejercicio arbitrario de violencia estatal»

«Las organizaciones de defensa de los derechos humanos hemos documentado más de 5.000 hechos de violaciones de derechos humanos en El Salvador, más de un 90% detenciones arbitrarias. Hay un uso excesivo de la fuerza, un desplazamiento progresivo del miedo, del control que en las comunidades ejercían las pandillas y el crimen organizado. Y este desplazamiento se ha dado a la violencia que ejerce el Estado. Si antes el miedo lo ejercían las pandillas ahora lo ejercen los cuerpos uniformados. Hasta el director de la Policía ha dicho que el policía es el juez de la calle», explica la activista feminista Alejandra Burgos, trabajadora de La Colectiva, coordinadora de la Red salvadoreña de defensoras de derechos humanos e integrante de la Iniciativa mesoamericana de defensoras de derechos humanos. «Además, las condiciones en las que mantienen a las personas que han sido privadas de libertad suponen graves violaciones de derechos humanos. Hay muchísima gente que ha sido detenida y sus familias no tienen información de cuál es su condición de salud, de vida. Incluso estamos ante hechos de desaparición forzada a manos del Estado. Y es que tenemos un Estado que nos ha arrebatado el derecho de la ciudadanía la vida, a la libertad, a costa de vendernos una seguridad armada y un ejercicio arbitrario de violencia estatal», añade Alejandra Burgos.

«No creo que El Salvador tenga la fórmula mágica para poder solucionar el problema de la delincuencia si no ataca de raíz otro tipo de problemas que se van generando. Y, además, cuando solo atacas con represión no solucionas los problemas del país. Y eso es lo que está pasando en El Salvador», cuenta la abogada transfeminista y defensora de derechos humanos Karla Guevara, directora ejecutiva del Colectivo Alejandría y secretaria general de la Federación salvadoreña LGTBI. Karla Guevara ganó en 2022 su cambio de nombre y género en el juzgado primero de familia y se convirtió en la primera mujer trans salvadoreña en lograrlo. A día de hoy no ha podido aún cambiar sus documentos ya que la alcaldía de San Salvador, en un acto arbitrario, no quiere añadir las modificaciones a su partida de nacimiento. «No sólo se ha utilizado el régimen de excepción para combatir la delincuencia sino que se ha utilizado también para darle miedo a la gente y para que no reclame. Entonces, claro que hay temor en la población. La gente calla, no dice, porque ¿dónde vas a denunciar? ¿Vas a la Fiscalía? Y es que la Fiscalía es la que está persiguiendo, es la aliada del régimen. ¿Vas a la Policía? No creo. ¿A la Procuraduría de defensa de los derechos humanos? Tampoco creo. Y es que realmente no hay institucionalidad en el país. Todas las instituciones están siendo cooptadas a la fuerza para que tú no tengas un lugar adonde ir a denunciar», concluye Karla Guevara.