CEAR-Euskadi, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, ha presentado su informe anual sobre la situación de las personas refugiadas en el Estado español. El alarmante aumento de las muertes en el Mediterráneo, la inexistencia de vías de acceso seguras para las personas refugiadas, la denegación de protección a los polizones y la situación de las personas procedentes de Siria y Mali son algunas de las principales preocupaciones de esta organización.
El número de desplazamientos forzados hoy en todo el mundo roza la escalofriante cifra de 50 millones de personas. En 2013, el agravamiento del conflicto en Siria ha producido un aumento significativo de la población desplazada forzosamente en el planeta hasta cotas desconocidas desde 1994. Por lo que respecta a la Unión Europea (UE), 435.000 personas han solicitado protección en 2013, de las cuales solo un 1%, 4.502 personas, lo hizo en el Estado español. Se trata de la mayor cifra del último lustro, con un aumento de casi el 74 % respecto al año anterior. La subida obedece al incremento de las personas solicitantes originarias de Mali (1.478 personas) y Siria (725). A estos dos países le siguen Argelia (351), Nigeria (182), Somalia (132), Palestina (130) y Pakistán (102). Por lo que respecta a Euskadi, un total de 62 personas presentaron solicitudes de asilo en 2013. En su mayoría eran hombres jóvenes, procedentes de países africanos como Mali.
La cifra de reconocimiento de protección en el Estado español fue de 582 personas, el 22% de las solicitudes, de las cuales solo el 8,7% recibieron finalmente el estatuto de refugiado. Esta tasa de reconocimiento está muy por debajo de la de otros países de la Unión, como Italia que alcanza el 64% o la media de la UE que fue del 34,5%.
La priorización del control de fronteras frente al cumplimiento de los tratados internacionales está impidiendo en la frontera Sur española el acceso a la protección internacional de las personas solicitantes de asilo por vías legales y seguras. Cada vez son más numerosos los obstáculos para acceder al Derecho de Asilo en el Estado español. Por ello, desde CEAR hacen un llamamiento para que se refunde el compromiso de todos los grupos políticos, las instituciones y la sociedad civil con el Derecho de Asilo y con las personas refugiadas.
Javier Galparsoro, presidente de CEAR-Euskadi presenta los datos más relevantes del informe sobre las personas refugiadas en el Estado español.
Para CEAR-Euskadi los retrasos injustificados en las resoluciones incumpliendo los plazos establecidos en la ley y desoyendo sentencias de tribunales y recomendaciones de instituciones de reconocido prestigio evidencian que el Derecho de Asilo es un derecho seriamente amenazado. Javier Galparsoro, presidente de CEAR-Euskadi, denuncia que la ley establece un plazo máximo de 6 meses para resolver una solicitud de asilo y en la mayoría de los casos están tardando entre 2 y 5 años.
El Ministerio del Interior fletó 148 vuelos de deportación durante 2013 para expulsar a 3.111 inmigrantes que se encontraban sin papeles en el Estado español. La mayoría de deportaciones se efectuaron a Marruecos vía Ceuta y Extranjería fletó 15 vuelos internacionales con destino a Nigeria, Senegal, Ghana, Mauritania, Colombia, Ecuador y República Dominicana. El presidente de CEAR-Euskadi, Javier Galparsoro, denuncia estos «vuelos de la vergüenza» y a las empresas privadas que han firmado convenios con el Gobierno español para llevarlos a cabo. Es el caso de las compañías aereas Air Europa y Swift Air. El Ministerio de Interior adjudicó a estas empresas este servicio en noviembre de 2012 por un valor 11.880.000 euros.
El presidente de CEAR-Euskadi, Javier Galparsoro, ha calificado de «más que desafortunadas» las recientes declaraciones racistas del alcalde de Sestao y muestra su preocupación «por la reacción del partido del Alcalde y de parte de la ciudadanía de la localidad que al parecer respalda este tipo de opiniones».
Por último, el presidente de CEAR-Euskadi, Javier Galparsoro, también ha valorado la polémica desatada en algunos medios de comunicación vascos, fundamentalmente el periódico El Correo, por la prohibición de bañarse vestida y con el hijab en algunas piscinas municipales. A su juicio, «determinados medios convierten en portada aspectos secundarios o superficiales cuando tenemos delante una problemática terrible como la que están viviendo las personas refugiadas. Detenerse en eso es vanalizar y trivializar este drama».
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