ENTREVISTAS

«El control y la inspección terminan en una auténtica persecución, estigmatización y criminalización de la gente pobre»

«Esta ley no va a ser capaz de acabar con la pobreza, que es lo primero que debería de perseguir. Y no va a ser capaz porque no se modifican en lo fundamental los dos elementos que hacen que todavía haya mucha gente pobre que no entra en esta ley o que aún cobrando la prestación siga siendo pobre. Por un lado, sigue siendo ingente la cantidad de requisitos y obligaciones que hay que seguir cumpliendo. Y, por otro, las cantidades a percibir siguen estando por debajo del umbral de la pobreza. Parece que hacemos demagogia cuando decimos que el Gobierno Vasco no quiere acabar con la pobreza pero son datos reales», señala Iñaki Uribarri, integrante de la Plataforma contra la exclusión social Argilan-ESK, al analizar la nueva Ley del sistema vasco de garantía de ingresos y para la inclusión, una norma que ha entrado en vigor el pasado 29 de marzo.

«En una ley que tiene tantos requisitos, tantas condiciones, los temas que tienen que ver con el control y la inspección terminan siendo una auténtica persecución, estigmatización y criminalización. De hecho, usamos esa palabra, criminalización, que es muy gorda, pero es así. Hasta ahora no existía un órgano dentro de la Ley de garantía de ingresos que cumpliera una función policial de Lanbide. El Servicio Vasco de Empleo-Lanbide tenía que recurrir a la Ertzaintza o los Servicios sociales a la Policía Local. Ahora va a haber un cuerpo de inspección, dotado con una plantilla de 25 personas, cuyo objetivo va a ser perseguir a aquella gente que no cumple los requisitos, hacer peticiones de sanciones, etc. Y cuando se cuela en una ley un cuerpo así tú sabes que lo fundamental va a ser sacar beneficio de algo, el fraude, que el propio Gobierno Vasco reconoce es apenas del 0,7%. Entonces, ¿para qué se monta un cuerpo de este tipo? Va a ser sin duda para buscar fraude donde no lo hay, para hacer la vida más imposible a la gente pobre», explica Iñaki Uribarri, integrante de la Plataforma contra la exclusión social Argilan-ESK. Desde esta plataforma llevan meses denunciando que Lanbide tiene en marcha una campaña salvaje y despiadada de criminalización de la gente perceptora y solicitante de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI).

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