«La naranja ha ido evolucionando de un cultivo tradicional, familiar, de base, conectado con nuestra dieta mediterránea y nuestros mercados propios y de temporada a una plataforma agroexportadora que en realidad está en manos de grandes empresas, que exportan a medio mundo y que dificultan el desarrollo y la supervivencia de la agricultura a pequeña escala y más local. Estas megaplataformas exportadoras para los mercados internacionales provocan que para los consumidores cada vez sea más caro consumir productos frescos y los pequeños agricultores vayan desapareciendo. Mientras, los grandes ganadores son las grandes empresas del import y del export que están a un lado y al otro del Atlántico, como sucede también con las naranjas», explica Javier Guzmán, director de la organización Justicia Alimentaria. El Observatorio de Corporaciones Alimentarias de Justicia Alimentaria ha publicado en diciembre su sexto informe, «La naranja voladora», en el que denuncia la voracidad exportadora de dos megaempresas de la naranja con sede en la Comunitat Valenciana y sus impactos en la agricultura tradicional y familiar valenciana. «No es un tema de países, sino de modelos. Aquí, la que está perdiendo es la agricultura familiar, pero también en otros países del mundo. Y los que ganan son los grandes holdings. Y, justamente, quien está importando estas naranjas de otros países, como por ejemplo Sudáfrica, son empresas que tienen sede en Valencia. No solo importan sino que también producen fuera de Valencia para el mercado europeo. Hay grandes empresas, con sede en Valencia, que están jugando en el mercado global del cítrico con impactos tremendos en la agricultura familiar y tradicional», añade Javier Guzmán, director de Justicia Alimentaria.
«La agricultura y la alimentación deben estar fuera de los grandes acuerdos comerciales, de los grandes mercados alimentarios, porque esos acuerdos han sido un fracaso desde el punto de vista climático, de distorsión del mercado y los territorios y también por el drama que supone la desaparición de la agricultura familiar. Pensar que este tipo de agricultura y acuerdos son útiles para la alimentación y para el territorio es un error, sabemos que unicamente benefician a las grandes empresas y a los grandes polos agroexportadores», cuenta Javier Guzmán, director de Justicia alimentaria. «Para nosotros, es muy importante que haya un cambio en las políticas públicas y que la alimentación empiece a ser considerada no un derecho absolutamente privatizado, como ahora pasa, sino como un elemento clave de derecho. Por ejemplo, si se gastan al año 5.000 millones de euros en compra pública, que realizan en escuelas, universidades u otros centros, que se beneficie, se priorice, un tipo de agricultura agroecológica y local, que se proteja de manera positiva este tipo de producción. Además, necesitamos también revitalizar y reconectar infraestructuras públicas, como son los mercados municipales, con la agricultura local. Y evitar que este tipo de mercados municipales se estén expoliando o regalando a las grandes empresas», concluye Javier Guzmán.
La citricultura representa el 34% de las tierras de cultivo valencianas. La Comunitat Valenciana es la principal región citrícola a nivel nacional, tanto por la superficie dedicada a este cultivo (aproximadamente 182.000 hectáreas, cerca del 60% del total nacional) como por producción (más de 3 millones de toneladas anuales, casi un 60% de la producción nacional). El 60% de toda la cosecha se exporta y, como siempre, el destino son los supermercados de Alemania, Francia y Reino Unido. El resto, un 20% del tonelaje, se destina para consumo propio y más o menos la misma cantidad se dirige a la industria del zumo. A estas alturas, no debe extrañar a nadie que España sea el primer comercializador mundial de cítricos en fresco, con un 25 % del total de las exportaciones mundiales, y particularmente, que la Comunitat Valenciana sea la principal región exportadora de cítricos del mundo, con un 14% de la exportación mundial.
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