La Subdelegación de Gobierno en Bizkaia –en dos resoluciones idénticas de 25.04 2014, notificadas el 07.05.2014- ha denegado la renovación de autorización de residencia por razones humanitarias en favor del ciudadano nigeriano J. O., que sufrió un trasplante de riñón en junio de 2013, y del senegalés M. M. F., que tiene colocada una válvula aórtica como consecuencia de una grave dolencia cardiaca y está en espera de un trasplante de corazón. Ambos dos obtuvieron el año pasado una primera Autorización de Residencia por Circunstancias Excepcionales y Razones Humanitarias.
El Subdelegado del Gobierno en Bizkaia, Ignacio Erice, reconoció entonces que los 2 africanos estaban imposibilitados para trabajar por sus graves dolencias. Sin embargo, pese a que ambos siguen precisando tratamiento médico y farmacológico, la Subdelegación de Gobierno en Bizkaia considera ahora que no procede la renovación de sus tarjetas porque ambos se encuentran “curados” de sus respectivas dolencias. Además, señala que estas dolencias ya “no son graves” por lo que pueden ser atendidos en sus países de origen. Si quieren quedarse en España recibiendo asistencia sanitaria y manteniendo situación de legalidad deben justificar que disponen de unos ingresos mensuales mínimos de 2130€, suma equivalente al 400€ del I.P.R.E.M. (Indicador Renta Efectos Múltiples) que asciende a 532,51€ al mes.
Las dos resoluciones administrativas, absolutamente inéditas e incomprensibles, van a ser inmediatamente recurridas en vía judicial por el abogado de los dos extranjeros, Javier Galparsoro, ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Bilbao, con una solicitud para la adopción de medidas cautelares en su caso. Al mismo tiempo, Galparsoro también va a elevar una queja ante el Defensor de Pueblo y otras instancias por lo que supone de salto cualitativo en la política de extranjería que se está llevando a cabo por parte de las autoridades.
La denegación de asistencia sanitaria es dramática tras la aprobación del RDL 16/2012 limitando el acceso universal a la salud a las personas migrantes en condición de simple irregularidad administrativa, a las que la propia Administración les aboca a esa situación en un insoportable ejercicio de negligencia y omisión. Hay que recordar que ha habido ya varias víctimas mortales en nuestro país entre población extranjera a la que se le ha retirado o se les ha denegado las tarjetas de atención médica.
Los dos ciudadanos africanos, al dejar de recibir la asistencia sanitaria que precisan, pueden sufrir un empeoramiento en su estado de salud y se puede poner en peligro sus vidas. Recientemente el Gobierno español fue advertido de que no cumple con las recomendaciones de la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre la Extrema Pobreza y los Derechos Humanos, Magdalena Sepúlveda, en lo referente a la cobertura del derecho universal a la salud.
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