«El inicio de los Acuerdos de Paz sí fue bueno, hubo una aparente calma, pero a partir de 2017 iniciaron los asesinatos selectivos de autoridades tradicionales indígenas, líderes y lideresas. Y desde ese momento las amenazas han ido incrementándose», explica Liliana Guejia (Ceral, 1984), guardia indígena nasa e integrante del equipo de derechos humanos de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN). «Además, de nuevo se han reestructurado los grupos armados, hubo un momento en el que teníamos hasta 16 grupos armados dentro de nuestro territorio. Y también se han incrementado los cultivos de uso ilícito y, por ende, los asesinatos y amenazas a líderes indígenas, campesinos y afrodescendientes. Se han cumplido 5 años de los Acuerdos pero relamente dentro de nuestros territorios no hay paz», concluye Guejia. Desde la firma del Acuerdo para la terminación definitiva del conflicto en Colombia, entre el Gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, el 24 de noviembre de 2016, han sido asesinadas 1267 personas líderes sociales y defensoras de los derechos humanos y 292 excombatientes en proceso de reincorporación a la vida social. En lo que va de 2021 se han documentado 83 masacres con 293 víctimas.
«A nuestros líderes los matan, los asesinan, porque somos las personas que contamos, narramos, visibilizamos y contextualizamos al mundo lo que realmente estamos pasando en nuestros territorios. Este Acuerdo de Paz incumplido por parte del Estado colombiano ha dejado miles y miles de muertes», denuncia Olga Lucía Pechené (Suarez, 1979), coordinadora de la guardia cimarrona regional y consejera de comunicación de la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca (ACONC). «Quienes están sufriendo son nuestras comunidades porque están en una zona donde para nosotras el territorio es la vida. Y la vida no se vende, se ama y se defiende. Por eso nos están matando a las comunidades, porque hoy decimos lo que realmente está pasando», reitera.
De la Reforma Agraria Integral, apenas se ha cumplido menos del 3% de lo firmado en los Acuerdos de Paz. Por su parte, la restitución de tierras a la población campesina, indígena y afrodescendiente desplazada forzadamente ha sido prácticamente nula. Y las alternativas sostenibles para la sustitución de los cultivos ilícitos han sido abandonadas. «Es muy triste apostarle a un acuerdo de paz en el que todas las comunidades teníamos como esa ilusión de que se diera la paz, de anhelar toda una tranquilidad en el territotrio, y que no haya sido así. Han sido 5 años de mucha tensión, zozobra. Ya no hay seguridad en nuestras comunidades, veredas, resguardos y pueblos. Ya no podemos incluso salir como antes lo hacían nuestros padres en horas de la tarde a compartir, porque tú sales e inmediatamente eres objetivo militar», relata Stefhany Trochez (Santander de Quilichao, 1993), lideresa campesina de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC). «El Acuerdo de Paz ha sido tan incumplido que nuestras mujeres, nuestras madres, se han visto emocionalmente afectadas. Y a eso hay que añadir también los efectos del reclutamiento de la juventud. Y más porque no es un reclutamiento forzado. Ahora se los llevan, como decimos nosotras, enamorándolos o endunzándoles el oído, por una necesidad económica en la que lamentablemente vivimos. Hay unas necesidades urgentes en el territorio que el Gobierno de Colombia no garantiza», añade Trochez.
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