«No es casual que entre la población que entra, de manera irregular, que no pueda regularizar su situación aún contando con un contrato de trabajo y con una vivienda, porque interesa que sea la mano de obra que trabaja desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la tarde en unas condiciones en las que no lo haríamos ninguna de nosotras, en el campo, con frío, con lluvia, por 20 o 30 euros diarios. Para sostener este sistema está claro que unos tienen que vivir explotados y que nosotras lo permitimos. Y cuando se establece una regularización con carácter urgente, en cuestión de 24 horas, sobre una población concreta, nos preguntamos qué pasó con todas las plataformas de Regularización Ya que lo llevan pidiendo años, por ejemplo durante el parón por la emergencia sanitaria, cuando muchas personas llevan 5, 6, 7 años, toda su vida aquí, trabajando en B porque no tienen otra posibilidad, porque este Estado quiere que haya gente trabajando en B. Este sistema capitalista lo sostiene la mano de obra de las personas explotadas, las negras, las jornaleras, la población que vive en chabolas. ¿Interesa tener a gente con derechos laborales o interesa tener a gente a la que se pueda explotar y entre de manera irregular», se pregunta la abogada saharaui Loueila Mint El Mamy, especializada en migraciones y extranjería. «Cuando ves unos criterios tan dispares, tan hipócritas, de los derechos para unas sí y para otras no, está claro que la normativa de extranjería es injusta. Y esto al final tiene unas consecuencias, por ejemplo, que 4.400 personas fallezcan el año pasado solo tratando de cruzar la ruta del Atlántico».
«Todavía nos pesa la parte racial, nos han construido sobre el racismo, el machismo, el clasismo, la homofobia, y tenemos que ir deconstruyendo todo esto para poder luchar por la igualdad», explica Loueila Minta El Mamy. Para esta abogada saharaui, que lleva desde los 9 años viviendo en las Islas Canarias, y cuyo propio proceso de regularización muestra el sinsentido y las trabas de la normativa de extranjería, la decisión del gobierno de España de apoyar a Marruecos en sus reivindicaciones sobre el Sáhara Occidental «está claro que ha puesto palabras ahora a lo que venía haciendo España hasta hoy. Y a mí no me ha pillado de sopetón con unos gobernantes que adoptan medidas que vulneran de manera sistemática derechos y que, además, están aliados con Marruecos, independiente de esta carta, dentro de la relación de toxicidad y chantaje en la que juegan la Unión Europea y Marruecos».
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