«De inicio, ellos dicen que es un proyecto de desarrollo comunitario, que va a beneficiar a las personas, a la comunidad, y es cuando las comunidades aceptan el ingreso de estas empresas, venden sus terrenos y así son despojadas. Al llegar, las mineras pagan por las tierras y la gente vende sus terrenos por la misma pobreza y por el desconocimiento del daño que esas empresas van a provocar», explica la maestra y activista guatemalteca María Olga Coronado (Tuilelén, 1972), integrante de la asociación para el desarrollo integral maya Ajchmol y del consejo mam Te Txe Chman. «Pero, realmente, esos proyectos no han beneficiado a las comunidades, no han ayudado a su desarrollo. Al contrario, han desalojado a las personas y han provocado daños en las casas con las obras y las excavaciones. Para nosotros, y las comunidades que últimamente se han dado cuenta, eso no es desarrollo. Y esto ha sido fruto de un trabajo que se ha hecho en las comunidades dándoles a conocer lo malo que hacen estas empresas en los pueblos. Por supuesto, el Estado guatemalteco nunca ha tomado en cuenta las quejas de las poblaciones, nunca ha aceptado el daño que han causado estas empresas», añade esta defensora del territorio mam del departamento de San Marcos.
Desde hace varios años, el municipio de San Pablo está sufriendo una persecución y criminalización sin precedentes. Autoridades mayas y comunitarias, líderes sociales del pueblo mam y ciudadanos en general están siendo criminalizados a fin de que no haya expresiones en contra de los proyectos de explotación de sus bienes naturales. En los últimos dos años un total de 12 personas de San Pablo han estado injustamente encarceladas. Casi todos con más de dos años en “prisión preventiva”. Varias han obtenido su libertad al ser absueltas y otras al otorgarles medidas sustitutivas. Sin embargo, varias han tenido que pasar por condenas injustas y el abuso frívolo de recursos judiciales, interpuestos con el único fin de alargar su tiempo en prisión. «Hay una criminalización grande hacia las autoridades ancestrales y comunitarias a las que acusan de ser delincuentes, personas que no piensan en las mayorías. Han sido criminalizadas por el Estado guatemalteco, muchas encarceladas injustamente», denuncia María Olga Coronado, de la asociación Ajchol. «El Estado les ha criminalizado, les ha encerrado en la cárcel, les ha vetado la libertad de poder expresar lo que sienten y denunciar las atrocidades que el mismo gobierno está cometiendo a través de las empresas. La táctica que el gobierno utiliza es encarcelar a las personas porque sabemos que a día de hoy hay órdenes de captura en contra de varios líderes. Eso limita la participación de liderazgos en defensa de la vida, del agua, del territorio, en toda Guatemala, específicamente en el departamento de San Marcos. Hay liderazgos pero son amenazados inmediatamente con encarcelarlos, asustar a sus familias… Ese ha sido el mecanismo del gobierno para que las comunidades, los pueblos, los liderazgos, no denuncien las cosas que hacen morir y desplazar a las poblaciones de un lugar a otro».
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